Violencia institucional: Follmer superó a Chocobar
El asesinato de Emanuel Benjamín Fernández a manos del cabo de policía Fernando Oscar Follmer es investigado en un proceso judicial que parece irreversible en función de los elementos de prueba que están disponibles para la investigación que lleva adelante el fiscal Francisco Asís De Obaldía Eyersic. Si algo puede modificarse en el curso de la investigación solamente serían los posibles agravantes en la inexorable futura condena del imputado tomándose en cuenta cómo ejecutó el homicidio. Cuando el cabo disparó no estaba en riesgo su integridad física ni su vida.
No obstante las pruebas recogidas, existen interrogantes respecto del hecho, el procedimiento investigativo y el desempeño de la justicia penal. Se trata de un homicidio en un contexto de creciente violencia institucional tras la aplicación de hecho de lo que se dio en la llamar la “doctrina Chocobar”, cobijada en homenaje a ese policía municipal que el presidente Mauricio Macri le dispensó tras asesinar por la espalda a una persona que había atacado a un turista extranjero en el barrio porteño de la Boca. Ese fue el hecho elegido por el gobierno y sus aliados para diseñar el nuevo perfil de las intervenciones policiales en el mundo de la violencia institucional. Dieron vuelta la página de lo que el propio Macri en 2014 definió como “el curro de los derechos humanos”. El new deal en materia de respeto a los derechos humanos en Chaco derivó en violencia policial, repetidamente extremas. Sin embargo, no llegó a transformarse en escándalo sólo porque son casos invisibilizados para la opinión pública.
El clímax de la violencia institucional se desnudó a principios del mes de septiembre cuando la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, realizó una concreta y contundente petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de que dicho organismo disponga medidas cautelares con respecto a diversos cuestiones vinculadas con la seguridad de los internos, de la persona que denunció, de los posibles testigos y todo lo que también hace a salud, a la resocialización, al régimen de progresividad de las penas y otras violaciones de derechos humanos en la Alcaidía de Resistencia.
La presentación de Gauna Wirz desnudó que el poder judicial chaqueño no puede hacer nada o directamente no hace nada porque estas violaciones no están en su agenda de trabajo ni son metas institucionales. En ese contexto se produjo el homicidio de Emanuel, que no fue un cabo suelto en el esquema que se aplica, sino que es parte de una cadena de hechos desatados en Chaco. El cliché que esconde la tragedia: todo el peso de la ley
Emanuel Benjamín fue asesinado a las 21 horas del pasado 9 de agosto. Los testimonios recogidos fueron escasos. Era una noche fría, que desalentaba que los vecinos estuvieran en la calle. Aun así se creó un espacio para que una testigo, que declaró con el beneficio de su identidad reservada, dijo haber visto y escuchado todo. Fue la única testigo directa, supuestamente. Según su relato, el joven asesinado intentó robar una motocicleta que estaba en la casa de Follmer. Agregó que fue descubierto e intentó huir con tres amigos que lo esperaban en dos motocicletas. Afirmó que el cabo Follmer advirtió lo que ocurría y disparó desde su casa. Dijo que la distancia mínima entre el imputado y la víctima fue de 15 metros. Pese a las investigaciones realizadas y a las declaraciones de los testigos, no fueron encontrados los “amigos” de Emanuel Benjamín. Nadie los pudo identificar. Son demasiadas las dudas.
Un segundo testigo, que no vio cuando sucedió el hecho, manifestó que Emanuel Benjamín cayó a unos 30 metros de la casa donde presuntamente intentaron robar la moto. Este testigo es amigo de la infancia del cabo Follmer, quién hace un par de años regresó y vive en el barrio.
El fiscal también aportó al desbarajuste del trámite cuando dictó la prisión preventiva de Follmer. Señaló que lo apropiado hubiera sido disparar al aire o al piso para amedrentar a los presuntos delincuentes que huían. Paradójico y contradictorio el criterio del fiscal dado que propuso una acción que pondría en riesgo a más personas.
La 9 limada
Entre las ropas de la víctima que la policía secuestró aparecen 50 pesos. Los testimonios de la familia Fernández coinciden en señalar que fue la madre la que le dio ese dinero. Pero en el lugar apareció una pistola 9 mm Browning con la numeración de serie limada, que se atribuye a Emanuel Benjamín. Vale señalar que un arma de ese calibre tiene un costo en el mercado negro de entre 5 a 10 mil pesos, según estimaciones de conocedores del grave flagelo que constituye la tenencia ilegal de armas. Estos altos valores alejan al joven de la pertenencia del arma secuestrada.
De Obaldía Eyersic señaló que “hasta el momento no se ha podido establecer fehacientemente conexión alguna entre la víctima, con la segunda arma de fuego incautada en autos y que fuera hallada en los alrededores de la escena del hecho, como para así justificar de algún modo, que el imputada desenvainara su arma y que efectuara un certero disparo con la misma sobre la humanidad de Fernández, con el desenlace fatal conocido”. Pero la presencia de esa segunda arma en el lugar, igual a la que usa la Policía, debería inducir a la Justicia a investigar cómo apareció en el lugar del hecho.
En la cuadra donde todo ocurrió todos tienen miedo. La mayoría de los testigos son vecinos de Follmer. La única testigo ocular lo hizo con la condición de mantener en reserva su identidad. Los demás, pese a los gritos y el disparo, no oyeron nada. El frío y el clásico River-Racing parecieran haber conspirado para que nadie se entere de lo que estaba pasando. Los familiares del cabo, sus hermanas y sus padres presuntamente abandonaron la casa. Aun así se brindó custodia policial a la vivienda vacía, algo que incluso llamó la atención a los funcionarios de la Justicia que recorrieron el barrio para tratar de encontrar a personas que colaboren con la investigación.
Los testigos de Emanuel Benjamín Fernández sólo son sus familiares. Creen que algo se está ocultando. Las lesiones que prestaba el cuerpo, que figuran en el informe producido después de la autopsia del cadáver, indican que pudo haberse producido un forcejeo previo a la muerte, que si se produjo supone que existió un contacto entre víctima y victimario. Los familiares del joven piensan que el disparo que provocó su muerte fue a mucha más corta distancia de lo que señalan los testigos. El perito judicial, antes empleado de la División Criminalística de la Policía, no determinó la distancia desde la que se efectuó el disparo. No informó sobre este dato fundamental o no fue mencionado por el fiscal cuando dictó la prisión preventiva de Follmer.
Una ambulancia de Salud Pública llegó al lugar y se llevó a Fernández. Hay dudas sobre si estaba vivo o no en ese momento. Recién, casi una hora después de que la unidad de traslado salió del lugar del hecho con rumbo al Hospital, se informó que “ingresó sin vida”. Si Emanuel Benjamín falleció en el lugar del hecho no debieron mover el cadáver para que actúen los peritos. Eso no ocurrió.
La distancia del lugar hecho y el Hospital Perrando son 25 cuadras
La familia denuncia también que poco después de consumarse el homicidio, en círculos telefónicos policiales ya celebraban la muerte y anunciaban: “cantado monedita”. Se referían a un presunto ladrón de motocicletas que responde a ese alias. Pero Emanuel Benjamín era esa persona.
La hipótesis del robo fue un último intento del jefe de Policía, Ariel Acuña, de vincular esta muerte con la defensa de un uniformado como supuesta víctima de un delito. La “doctrina Chocobar” no se había animado a tanto.
Quedan otros interrogantes. Con lo que está en la causa pareciera que el fiscal está preparado para elevarlo elevarla a Juicio. La impresión es que ya está dispuesto a cerrar la investigación, acorde con la nula alcurnia de la víctima y, probablemente, urgido por la necesidad de sacar rápidamente este trágico caso del debate público.